El 8 de febrero del 2021, el cuerpo de Úrsula era hallado en el paraje rural Guido Spano, a 13 kilómetros del centro urbano de Rojas, sobre la ruta 31, mano a la ciudad de Salto. Junto al cadáver estaba Matías Martínez, el ex novio y asesino que fue condenado en diciembre del mismo año a prisión perpetua. Minutos antes de que lo encontraran, Martínez, que era oficial de la policía bonaerense, había llamado a un tío para confesarle el brutal crimen que acababa de cometer: “Me mandé una cagada”. El trasfondo que terminó en el femicidio de Úrsula causó indignación en la sociedad rojense que, poco después de conocida la noticia del asesinato, se enfrentó con la Policía, incendiaron un patrullero y apedrearon la Comisaría. El saldo de los incidentes dejó a varios jóvenes aprehendidos y hasta una chica con una herida en uno de sus ojos producto de un balazo de goma efectuado por la Policía.  El enojo vecinal y los destrozos tenían más de una justificación: en el lapso de un mes, la chica asesinada había hecho, al menos, tres denuncias contra Martínez. Matías Martínez enfrentó un juicio y fue condenado a perpetua Tras la represión de esa noche de febrero, un cartel blanco con letras negras y escritas con temperas, se destacaba más que el resto en la fachada de la Comisaría de la Mujer: “¡Perdón, Úrsula! Porque siempre en esta ciudad se protege al culpable”. Es que varios días y semanas antes de su femicidio, Úrsula había expuesto en sus redes sociales la violencia a la que la sometía su ex, y quien luego se convertiría en su asesino. Se lo dijo a su familia, lo habló con sus amigos. “Me quiero ir de acá, amiga. Tengo mucho miedo. Me arrancó todos los pelos, me re cagó a palos”, dijo en un mensaje de voz que envió en noviembre del 2020. Las amenazas de Martínez estaban claras: “Amiga, me dijo que me va a matar. No aguanto más”. Algunos de los mensajes expuestos Úrsula también había formalizado sus temores ante la Justicia. El 9 y 28 de enero, y el 5 de febrero de este año lo denunció por los delitos de amenazas y desobediencia, este último por la restricción de acercamiento que Martínez violaba sistemáticamente. Los tres expedientes quedaron en manos del magistrado Luciano Callegari del Juzgado de Paz local, el fiscal Sergio Terrón de la UFI Nº5 –que 10 días más tarde quedaría a cargo de la investigación de su femicidio y fue fiscal del juicio– y de la UFI Nº3, respectivamente. En una paradoja lamentable, la mañana del lunes 8 de febrero de ese año, el juez Callegari había solicitado una restricción de acercamiento con un radio de exclusión de 200 metros, “rondas periódicas y frecuentes de vigilancia por 15 días” y la entrega de un botón antipánico para Úrsula. Ese mismo día por la tarde, Martínez la buscó en su Peugeot 307 gris y manejó 20 minutos hasta el paraje silencioso y prácticamente deshabitado, rodeado de pastizales crecidos y montones de basura, donde más tarde fue descubierto el cuerpo de Úrsula: la había degollado y apuñalado 15 veces con un cuchillo de carnicero. Hasta el día que mató a Úrsula, Martínez esquivó a la Justicia varias veces y sin demasiada dificultad. Además, lo habían desplazado de la Policía Bonaerense con una carpeta psiquiátrica: le sacaron su arma reglamentaria.